¿EXISTEN SOLUCIONES A LA INSEGURIDAD CIUDADANA?
Por. Dr. Ing.Abog.
ROLANDO REÁTEGUI LOZANO (Profesor Universitario y Dirigente Regional del MAS
San Martín)
Email: reateguilozanorolando@yahoo.es
Los últimos actos de violencia sucedidos en nuestra Región (como
la violación y asesinato de una menor en Cacatachi-San Martín), debe merecer
toda nuestra preocupación y analizar las causas de porque tanta violencia y cuáles
serían las posibles soluciones. Se está viviendo una sensación de inseguridad
al caminar por las principales ciudades de nuestra Región. El Barómetro de las
Américas da cuenta que en esta materia el Perú ha expresado una mejoría en los
últimos años, pasando de un 60.0% el 2006 al 48.6% el 2012, pero como se puede
apreciar los porcentajes todavía son altos. Y es por eso que la seguridad
ciudadana se ha convertido en una de las principales demandas en la Región y en
el país. Y un gran reto para los políticos y para nuestros gobernantes y
esencialmente, debe ser una política de Estado.
Carlos Basombrio[1], define
a la inseguridad ciudadana como “el temor a posibles agresiones, asaltos, secuestros,
violaciones, de los cuales podemos ser víctimas”. Estos hechos entonces, hacen
a la inseguridad ciudadana y la percepción de inseguridad ciudadana en generar
ansiedad, y afectan la productividad individual y colectiva, lo que va en
desmedro de la economía de las personas y de su calidad de vida.
Entonces al proponer alternativas de solución a tan álgido
problema, lo debemos de hacer desde un enfoque holístico, sistémico,
intersectorial, intergubernamental e interinstitucional. Según la Organización
de las Naciones Unidas, el desarrollo humano es un proceso de expansión de las
libertades efectivamente disfrutadas por las personas. El proceso no resulta,
en modo alguno, inevitable. Por el contrario, está plagado de amenazas.
Precisamente por ello, el desarrollo humano debe estar indisolublemente ligado
a la seguridad humana, que tiene como propósito proteger al individuo frente a
amenazas de distinta naturaleza: desastres naturales, criminalidad,
enfermedades y epidemias, hambre, pobreza extrema, dictaduras y totalitarismo.[2] La
seguridad ciudadana es solo uno de varios componentes de la seguridad humana,
aquel responsable de enfrentar las amenazas violentas y delictivas contra las
personas y sus bienes.
Entonces, las propuestas se dan desde diferentes
instituciones. Es así como, la Comisión Andina de Juristas precisa un conjunto
de cinco elementos que los países deben considerar en la implementación de sus
políticas de seguridad ciudadana. Uno, que la protección de los ciudadanos debe
darse en el marco de la Constitución y las leyes. Dos, que no debe limitarse
exclusivamente a la lucha contra la delincuencia, sino en crear un ambiente
propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas. Tres, que
sobrepasa la acción policial y, por tanto, demanda la participación coordinada
de todas las instituciones públicas y privadas. Cuatro, que la Policía, como
uno de los actores fundamentales, debe definir un nuevo perfil, orientado a la
comunidad antes que hacia el Estado. Cinco, que debe ponerse mayor énfasis en
el desarrollo de acciones preventivas.[3]
Existen diversos factores que inciden en la violencia y el
delito. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo[4] sostiene
que no hay fenómeno que constituya condición necesaria o suficiente de la
violencia y el delito, pero sí factores que aumentan el riesgo o agravan la
vulnerabilidad de las sociedades. Entre éstos identifica la abundancia de
hombres jóvenes marginalizados y la urbanización desordenada (factores
demográficos); familias disfuncionales; desempleo; las nuevas oportunidades y
tecnologías para el crimen, la pobreza y la desigualdad (factores económicos);
la escasa legitimidad del Estado y los conflictos armados (factores políticos);
los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol, así como el
porte de armas; las pautas culturales que toleran la violencia; y, la
ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la
justicia.
Entre las deficiencias institucionales, Basombrío identifica
la falta o debilidad de los organismos de conducción política de la seguridad
ciudadana, la ausencia de un servicio civil altamente capacitado en el gobierno
de la seguridad ciudadana y la carencia de instrumentos, procedimientos y
capacidades para que el gobierno ejerza la conducción y administración del
sistema policial. Esto conllevaría a que la población considere que el Estado
no puede o no quiera enfrentar adecuadamente la delincuencia, y que la
impunidad de los perpetradores afecta la reiterancia del fenómeno.[5]
Los efectos de la violencia y el delito son diversos, he aquí
algunos de ellos. En primer lugar, constituyen un problema de seguridad
ciudadana. Como tal, requieren la atención de las instituciones encargadas de
la seguridad y la justicia, responsables de prevenir que esos hechos ocurran,
de perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y reinsertarlos,
y de dar asistencia y protección a las víctimas.
En segundo lugar, son un problema de derechos humanos, por
cuanto afectan su pleno ejercicio, tanto de manera directa como indirecta. En
efecto, la violencia y el despojo —o la amenaza de su ocurrencia— afectan los
derechos a la vida, la integridad y la libertad de las personas, así como a la
libre circulación y a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave
en el caso de las mujeres, a quienes un hecho delictivo afecta más que a los
hombres. Ellas, además, enfrentan una doble amenaza, no solo la asociada al
espacio público y a la delincuencia, sino a la seguridad dentro de su propio hogar,
como consecuencia de lo extendido que se encuentra el fenómeno de la violencia
familiar y de género. Si bien esto es así en todos los niveles económicos, las
más afectadas son los sectores más vulnerables. Junto con la afectación de
estos derechos fundamentales, se genera un escenario de temor que vuelve, a su
vez, a impactar en otros derechos humanos. La inseguridad puede modificar el
comportamiento de las personas, al punto que éstas terminen aceptando el temor
cotidiano como una actitud de vida, lo que limita sus oportunidades y acciones
en múltiples ámbitos, al restringir el ejercicio de libertades y derechos
individuales.[6]
En tercer lugar, constituyen un problema de salud pública, ya
que son causa de muerte o de lesiones para un número importante de ciudadanos.
También generan pérdidas por el daño emocional ocasionado a las víctimas y por
lo que se deja de producir como consecuencia de la muerte o de la discapacidad
temporal o permanente que pudieran adquirir.
En cuarto lugar, son un problema económico, por cuanto
obligan a los Estados, a las empresas y a las familias a incrementar sus gastos
en seguridad. Varios son sus componentes.[7] Uno, el
institucional, es decir, lo que gastan los Estados en los órganos encargados de
la seguridad y la justicia. Dos, la inversión de las empresas y de las familias
en seguridad privada, que complementa el servicio público. Tres, los costos
materiales, que incluyen la pérdida de los bienes afectados. Cuatro, más
difícil de estimar, aunque no menos importante, es el efecto que tienen sobre
las inversiones productivas, al desajustar los cálculos que dan forma a las
oportunidades e incentivos para que las empresas inviertan, creen empleos y se
expandan.
En quinto lugar, son un problema social. La inseguridad
también tiene un efecto sobre las relaciones entre las personas, pues mella la
confianza entre éstas y su capacidad de relacionarse y trabajar conjuntamente.
Esto es lo que los economistas llaman capital social. En general, en nuestros
países la desconfianza interpersonal es alta; la victimización contribuye a
elevarla aún más[8].
En el 2011, por ejemplo, en el Perú solo el 18.0% confiaba en la mayoría de las
personas, ubicándonos cuatro puntos porcentuales por debajo del promedio
latinoamericano.[9]
El daño a la infraestructura social es más grave aún entre las comunidades más
pobres, pues contribuye a reducir las oportunidades y a perpetuar la
desigualdad de los ingresos. Aunque estos costos son más difíciles de medir, no
por ello son desdeñables.
En sexto lugar, contribuyen al deterioro de la confianza
ciudadana en los valores democráticos y en el sistema político. En efecto, la
percepción de vulnerabilidad a actos de violencia y despojo erosiona los
valores esenciales para la convivencia democrática, especialmente la tolerancia
a la diferencia y el apego a los derechos humanos. Contribuye de alguna manera,
entre otros, a la adopción de esquemas penales fuertemente represivos y lesivos
de las garantías individuales; a exigir de las autoridades resultados frente a
la delincuencia a cualquier costo, aunque ello se traduzca en restricción de
derechos, incremento de atribuciones policiales e, incluso, en violaciones de
derechos humanos; a la demanda social a que prive de libertad al mayor número
de infractores; a la exclusión de las minorías y grupos sociales y étnicos
diferentes al propio; a favorecer políticas que reduzcan o detengan la entrada
de migrantes; e, incluso, a la aceptación de castigos inhumanos, como el linchamiento
y la pena de muerte.[10]
Entre los principales indicadores están: Homicidios. La tasa
de homicidios por 100 mil habitantes en el Perú no es muy alta[11] si se compara
con la de otros países de las Américas, la segunda más violenta del mundo después
del África.[12]
En efecto, se ubica entre las más bajas de la región, solo por encima de Haití,
Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Chile y Canadá; muy lejos de los países del
triángulo norte centroamericano América Central (Honduras, El Salvador y
Guatemala) y Venezuela, los más violentos. Entre los años 2006 y 2012 la tasa
de homicidios en el Perú se mantiene relativamente estable, por encima de las
tasas promedios de los quinquenios 2001-2006 y 1996-2000 (8.0), aunque inferior
del 12.1 de los primeros años de los noventa. La victimización es otro de los
indicadores de violencia. El 2012 el ranking de denuncias de delitos en el Perú
fue encabezado por las regiones de Tumbes (1737), Callao (1450), Lima (1346),
Moquegua (1091), Tacna (1053) y Arequipa (1021). En el otro extremo se ubican
Puno (99), Pasco (169), Huancavelica (199), Huánuco (294) y Cajamarca (298).
Al parecer, el modelo clásico de policializar la inseguridad
ciudadana en el Perú, no sólo se agotó sino que persistir en él dispararía aún
más el crecimiento de la delincuencia y violencia. Se requiere entonces, nuevos
enfoques y modelos. Éstos necesariamente basados en diagnósticos integrales y
participativos, en la formulación de objetivos medibles y verificables, así
como en la evaluación y mejora permanente de sus resultados.
En este nuevo enfoque, la participación efectiva de la
sociedad civil organizada, se constituye en un factor clave de éxito en el
diseño de la Política Pública de Seguridad Ciudadana en nuestro país. Las
Rondas Campesinas es uno de los eslabones claves de Seguridad Ciudadana por su
carácter autónomo e independiente, democrático, unitario y representativo
al servicio y defensa de los intereses
del campesinado, la patria y el pueblo peruano. Por su su naturaleza como
organizaciones naturales y genuinas del pueblo, que se desarrollan y se desenvuelven en el marco del Derecho
Consuetudinario, normas y leyes, que amparan a dicha organización, partiendo del derecho al
desarrollo humano, para garantizar una verdadera inclusión social pluricultural, la administración de
justicia, pacificación de los pueblos y lucha frontal contra la corrupción en todo espacio de la sociedad e
instancias del estado. Y por su lucha por el derecho a la libre
autodeterminación, el derecho al uso y libre
disposición de su territorio, el derecho al consentimiento como
requisito para ingresar a la
jurisdicción o territorio de las rondas campesinas o pueblos Indígena,
el derecho de decidir sus propias
prioridades de desarrollo, el derecho al territorio, autonomía y autogobierno;
ganados en los derechos internacionales
bajo los convenios de organismos internacionales. Reafirmando el principio del frente único,
respetando la diversidad de las diferentes corrientes de opinión y pensamiento,
hechos que no unen y se hacen dentro de la acción, practicando la crítica y
la autocrítica, la democracia directa y
participativa y el autosostenimiento económico.
[1] BASOMBRÍO,
Carlos. “¿Linchamientos o soluciones?” . En: Ideele, N° 176. pp. 51-54.
[2] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD (1994). Informe sobre Desarrollo Humano 1994. Bogotá: Tercer Mundo
Editores.
[3] Comisión Andina de Juristas, CAJ. Segunda reunión
técnica celebrada el año 2009.
[4] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD (2009). Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano.
Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Colombia, p.
47.
[5] Basombrío, Carlos (2007). Seguridad Ciudadana en
América Latina. Una propuesta del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, p. 9
[6] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD Costa Rica (2006). Venciendo el temor. (In)seguridad ciudadana y
desarrollo humanos en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005.
San José de Costa Rica, pp. 52-53.
[7] Banco Mundial (2011). Crimen y violencia en
Centroamérica. Un desafío para el desarrollo. pp. 4-9.
[8] Dammert, Lucía; Erik Alda y Felipe Ruz (2008).
Desafíos de la seguridad ciudadana en Iberoamérica. Santiago de Chile: Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Chile, p. 32.
[9] Corporación Latinobarómetro (2011). Informe 2011.
Santiago de Chile, p. 48.
[10] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
PNUD Costa Rica (2006). Venciendo el temor. (In)seguridad ciudadana y
desarrollo humanos en Costa Rica. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005.
San José de Costa Rica, pp. 53-54
[11] Es necesario precisar que,
hasta el 2008, las estadísticas policiales y las del Ministerio Público
coincidían en una tasa de 12 homicidios por 100 mil habitantes, pero desde el
año siguiente la primera da cuenta de una relativa estabilidad y la segunda de
un importante crecimiento, que alcanzó el 2011 una tasa de 24.1 frente a la de
9.5 policial, lo que en términos absolutos equivale a una diferencia de 4363
homicidios. Policía Nacional del Perú, PNP (2012). Anuario estadístico 2011.
Lima. En el presente diagnóstico, se utiliza la estadística policial, en tanto
el Ministerio Público está revisando las suyas.
[12] United Nations Office on Drugas and Crime, UNODC (2011). 2011 Global
Study on Homicide. Trends, contexts, data.Vienna, p. 21.
